Todos hablan del problema de las tierras en Santiago del Estero, las notas que encuentro con referencia a esto hacen alusión a la tiránica dominación del matrimonio Juárez en nuestra provincia. Se reciben denuncias por persecución política, espionaje a ciudadanos, torturas a chicos y adolescentes, entre otras violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, se ven y escuchan muchas cosas. Por ejemplo, en el año 2003 se citaba como el colmo del orror la existencia de grupos paramilitares organizados y controlados por terratenientes, hacendados y ganaderos –bajo el amparo policial y político–, armados para combatir con métodos de tortura, desapariciones, muerte o amedrentamiento a los campesinos de distintas regiones de la provincia. Lo cierto es que este problema no se circunscribe al gobierno de Juárez, sino que a pesar de que se pudo originar en ese entonces, actualmente las atrocidades hacia nuestro monte, nuestros árboles y los campesinos, son moneda corriente. Esto no es para nada un modo de justificación de lo que fue, una de las peores épocas en nuestra provincia, sino una llamada a la reflección, no dejemos que el árbol nos impida ver el bosque, dejemos de pensar en lo que fue, empecemos a meditar sobre lo que és y lo que se puede hacer al respecto.
"Como ocurre con los pueblos aborígenes, los campesinos cuentan con un andamiaje jurídico que garantiza sus derechos sobre los suelos. El grueso de estas familias es poseedora de las tierras que durante varias generaciones han ocupado, pero no tienen regularizada su situación dominial. “Si bien el derecho asiste a la gran mayoría de los campesinos –dice el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos–, la Ley de Prescripción Veinteñal es muy compleja.” Requiere de “carísimas mensuras, además de que el plazo de posesiones es excesivamente largo, y requiere de un sostenido, preciso y costoso asesoramiento legal que impide tácitamente el acceso a la Justicia”."
Así es, nos encontramos con un panorama muy común en nuestra provincia y el país, los derechos están, por supuesto, nadie puede decir que nuestros queridos políticos no hicieron legislación para proteger a sus representados, sólo que como siempre, ésta no es respetada, es distorsionada o es ineficáz porque no hay mecanismos que la hagan efectiva. Ahí. todos se lavan las manos y aprovechan el desconcierto para hacer "de las suyas". La inaccesibilidad a la Justicia por cuestiones de pobreza es uno de los puntos nucleares del problema en Santiago.
“Muchos de los campesinos tenedores de derechos son injustamente desalojados de sus legítimas posesiones por supuestos dueños o compradores”.
“Otros terminan aceptando tratos desfavorables, siendo literalmente arrinconados en mínimas superficies”.
“Como consecuencia, se deterioran las condiciones económicas de las familias campesinas, pierden su entorno social y cultural, lo que aumenta la expulsión hacia las ciudades”.
En una muy interesante nota del diario Pagina 12 se describia un modelo generalizado del problema de las tierras:
- Primera fase: El supuesto dueño o apoderado se presenta ante la comunidad, aduciéndose como legítimo dueño de los campos. Intenta o bien llegar a un acuerdo por lo general muy desfavorable para los campesinos o, directamente, los amenaza con el desalojo judicial o extrajudicial (paramilitar). El engaño está montado sobre una situación registral bastante difusa, con superposición de títulos dominiales, inscripción de escrituras de dudosa confección y destitución de la justicia de derechos ya consagrados de legítimos poseedores veinteñales regularizados.
- Segunda fase: Los supuestos dueños producen sus propias marcas de ocupación: alambrados, mensuras, desmonte, quemas ilegales de montes. Esto incluye la destrucción de marcas de los campesinos, elementos probatorios de la ocupación veinteñal y del animo domini. Entre las prácticas de presión, existe el taponado u obstrucción del acceso a los pozos de agua, cierre de caminos vecinales, envenenamiento doloso de animales y la amenaza constante de desalojo por la fuerza y extrajudicialmente efectuada por peones contratados por los terratenientes como por personal policial.
- Tercera fase: Gracias a una lectura sesgada del artículo 182 bis del Código provincial, el supuesto propietario suele obtener una orden de desalojo con un despliegue desproporcional de fuerza por parte de la policía, lo que aumenta la presunción de complicidad o cooptación de la Justicia y de la fuerza de seguridad.
Al final, como decía la queridísima Segismunda (personaje de una excelente pieza de comunicación en formato de radionovela, sin importar lo que cierta gente diga JA!!) EL DINERO LO COMPRA TODO Y LAMENTABLEMENTE ESTOS CAMPESINOS DE ESO... NO TIENEN MUCHO...
